En varias ocasiones he abordado en este espacio la problemática serrana de Chihuahua, al desnudo. He dado cuenta en varios de mis textos del contraste grotesco entre su majestuosidad, el hermoso paisaje de la Sierra Tarahumara, la soberbia de su naturaleza, los colores que la dibujan, y la pobreza, el abandono y la injusticia que ahí se han anidado como si fueran intrínsecos a su devenir. Adentrarse en la sierra de Chihuahua es vivir esa contradicción, y es uno de los sentimientos de mayor frustración que debe sentir la política en general, pero particularmente quienes han gobernado y gobiernan estas tierras.La confrontación de las maravillas naturales con la desgracia de los Rarámuri o Tarahumaras, O′obas o Pimas, Guarojío y Ódames o Tepehuanes, me impone la obligación moral y política, desde mi responsabilidad legislativa, a señalar la enorme deuda, histórica, con los pueblos indígenas de Chihuahua. Mientras el mundo entero reconoce la increíble biósfera de estos lares, también se hace cargo de la terrible e insoportable situación de vida de las comunidades indígenas, ahora también asoladas por las mafias del narcotráfico que en su desplazamiento de las grandes ciudades como Juárez y Chihuahua capital, se han refugiado en esta zona.La violencia y la impunidad que impone el narcotráfico, sólo tiene su explicación en la ancestral pobreza. La pobreza está documentada en varios estudios. Tenemos datos duros sobre las condiciones humanas de los habitantes de la Sierra Tarahumara. De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano Municipal en México presentado este año, Chihuahua cuenta con un índice de 0.744. Dicho número se determina mediante los logros de la entidad en tres materias: salud (0.827), educación (0.685) e ingreso (0.728), calificadas dentro de valores del 0 a 1.Los niveles para el estado no son los óptimos, pero es escandaloso cuando se muestran los resultados para los pueblos indígenas chihuahuenses. Según el Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México de 2010 (DH-PI), esta población étnica no sólo tiene niveles de desarrollo humano inferiores a la población no indígena, sino que presenta valores alrededor de 0.30, cifra menor que la que presenta Níger, el país con menor desarrollo humano en el mundo (0.33).En el informe se señala que 8 municipios de la Sierra Tarahumara se encuentran entre los 20 de México con menor Índice de Desarrollo Humano: Uruachi, Urique, Balleza, Morelos, Carichi y Batopilas ocupan los primeros 6 lugares, Guazapares ocupa el 11 y Nonoava el 18.En lo que respecta al índice de salud, 10 municipios de Chihuahua se encuentran entre los 20 en peores condiciones del país: Batopilas, Morelos, Urique, Carichí, Uruachi ocupan los primeros 5 lugares; mientras Guadalupe y Calvo, Guachochi, Balleza, Bocoyna y Guazapares se sitúan en los lugares 8, 9, 10, 11 y 13, respectivamente.En lo referente al índice de educación, ocho municipios de nuestro estado están dentro de los peor calificados: San Francisco de Borja, San Francisco de Conchos, Carichí, Cusihuiriachi, Nonoava, Batopilas, Chínipas y Valle de Zaragoza.

Encontramos en el informe datos que francamente son escalofriantes y que no pueden quedar únicamente plasmados en el estudio, sino que deberían impregnarse en el ideario colectivo para alcanzar verdaderos resultados que modifique esta situación. Por ejemplo, se muestra el índice de supervivencia infantil que, señala, presenta desigualdades profundas en la población indígena, «el municipio de Batopilas alcanza una tasa de mortalidad infantil indígena de 118.80 defunciones por cada mil nacidos vivos, la más alta del país.»(P.47)

Los indicadores de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que en su último reporte de Índice y Grado de Rezago social de los Pueblos Indígenas por Municipio (2005) -que por cierto al ver que el último reporte es de 2005, observamos un abandono de análisis estadístico fuerte- señala que Chihuahua tiene un grado muy alto de retraso social y educativo, ocupando así el primer lugar en el contexto nacional.

Sumado a ello, se encuentran los indicadores de pobreza multidimensional extrema que según la medición del Coneval se refiere a la población que presenta al menos tres de las seis carencias sociales (por acceso a la alimentación; por acceso a la seguridad social; por acceso a los servicios básicos en la vivienda; por acceso a los servicios de salud; por calidad y espacios de las viviendas; y por rezago educativo) y dispone de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.

Ante este lamentable panorama es que surgió la Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara integrada por 35 gobernadores indígenas, representantes de las comunidades de Repechike, Mala Noche, Bacajípare, Huetosachi, Tewerichi, Mogótavo, Coloradas de la Virgen y Choréachique, acompañados de valientes activistas sociales, asesores jurídicos y derechohumanistas que a través de varias organizaciones como Alianza Sierra Madre, Consultoría Técnica Comunitaria y Tierra Nativa, los han apoyado en un largo y a veces sinuoso camino, emprendiendo acciones en demanda de soluciones. El gobierno del estado de Chihuahua jamás les dio una respuesta satisfactoria, por lo que tuvieron que viajar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington para exponer sus demandas, lo que colocó la mirada de las autoridades federales sobre su esfuerzo.

Fueron muchas las puertas que han tenido que tocar, tantas como los rechazos indolentes que han recibido. No obstante, el pasado 5 de junio, la Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara de Chihuahua llegó a la Ciudad de México y tocó la puerta de los tres poderes de la Unión. En el Senado de la República, tanto el Senador Alejandro Encinas como quien esto escribe, los recibimos y convocamos a una mesa interinstitucional que atendiera los diferentes asuntos. Fue concurrida y hubo representación de varias dependencias del gobierno federal. Nuestra función ha sido la intermediación entre los representantes de los habitantes de la Sierra Tarahumara con las dependencias gubernamentales. En esa reunión, por parte del gobierno federal participaron la Secretaría de Gobernación, a través del Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz; una representación del gobierno del Estado de Chihuahua; María Elena Pérez Vega, directora general de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; así como representantes de las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Comunicaciones y Transportes; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Relaciones Exteriores; Turismo; de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua.

Las principales demandas de la Caravana son: «Inicio de un diálogo de alto nivel a fin de impulsar un proceso legislativo que culmine con el reconocimiento del territorio ancestral para los pueblos indígenas, así como el acceso preferente a los recursos naturales. Que a nivel federal y estatal sea reglamentado y aplicado el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado en todos los planes de desarrollo, programas e iniciativas de leyes federales y estatales que impacten los territorios en posesión de los pueblos indígenas. La cancelación de los permisos de aprovechamiento forestal de los ejidos de Coloradas, Pino Gordo y la comunidad agraria de Coloradas de los Chávez». Entre otras.

Este lunes 11 de agosto la Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara tendrá la segunda reunión de seguimiento a los compromisos y acciones que se suscribieron, pero ahora se llevará a cabo en la Ciudad de Chihuahua. Nos reuniremos con las diversas dependencias gubernamentales que darán respuesta a las peticiones que los pueblos indígenas han formulado.

Debemos estar atentos para que éstas sean satisfactorias, pero más aún, debemos estar vigilantes de que efectivamente se cumplan.