Intolerancia religiosa

Botón de intolerancia religiosa

en San Juan Chamula

Carlos Martínez García

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Los años más violentos de intolerancia religiosa en el municipio chiapaneco de San Juan Chamula han quedado atrás. Sin embargo, el flagelo reaparece de vez en vez y nos recuerda que la defensa de los derechos humanos nunca puede bajar la guardia.

La Coordinación de Organizaciones Cristianas (COC), con sede en San Cristóbal de las Casas, ha dado seguimiento informativo y de asesoría a las personas afectadas por algunos tradicionalistas en el ejido Tzeteltón (a veces lo menciona como Seteltón), quienes encarcelaron el 7 de julio a cuatro mujeres y un hombre por convertirse al cristianismo evangélico. Tres son mujeres menores de edad, por lo cual estuvieron poco tiempo retenidas. Los dos adultos, Andrés y Virginia López, debieron permanecer en la cárcel varios días.

La COC reporta que a los evangélicos detenidos les están cobrando un importe de 9 mil 500 pesos, 5 mil de multa al hombre por convertirse al evangelio, 2 mil 500 de multa a la mujer por la misma causa pero menor cantidad por ser viuda y 2 mil pesos de gastos por el traslado que tuvieron que hacer las autoridades del ejido a la cabecera municipal en San Juan Chamula. En Tzeteltón está vigente un acuerdo comunitario por el cual los ejidatarios son multados económicamente y deben salir del poblado en caso de optar por otra creencia religiosa que no sea la católica.

El presidente del organismo que ha tomado el asunto de Tzeteltón, Luis Antonio Herrera, contabilizó hace dos meses 19 casos de intolerancia religiosa contra los indígenas protestantes chiapanecos, en lugares como Chilil, Yashtinín, Los Llanos, San Gregorio, La Florecilla, Rosario Bahuitz, La Piedad, Boquerón, Cuauhtémoc Cárdenas, Mariano Matamoros, Unión Juárez, José María Morelos, Guadalupe Victoria, La Esperanza, San Miguel Chiptic, Altamirano, El Arenal, La Libertad y Lindavista. Han sido varias las familias desplazadas y un número mayor a mil evangélicos afectados, incluyendo a los niños.

Tres días después de haber sido encarcelados Andrés y Virginia López, el 10 de julio, él y ella llegaron a un acuerdo con las autoridades ejidales en presencia de funcionarios de San Juan Chamula y del gobierno estatal. Fueron liberados, les perdonaron el pago de la multa, no les quitaron los servicios de agua y luz, pueden ejercer su creencia religiosa, quedando únicamente como condición, que sus hijos deberán de cambiarlos a la escuela de la comunidad cercana por ser un servicio que el Comité de Educación [de Tzeteltón], que es el que mantiene el control en esa comunidad, no aceptó que siguieran estudiando en ese lugar.

Los funcionarios municipales de Chamula y los del gobierno estatal presentes, así como defensores de quienes iban a ser liberados mediante la firma del acuerdo antes resumido, abogaron por que no fuesen afectados los derechos de los niños y niñas a seguir estudiando en la escuela de la comunidad. Solamente quedaron en el documento plasmadas las firmas de las autoridades de Tzeteltón y los padres que aceptaron cambiar de escuela a sus hijo(a)s para poder residir en el ejido.

Si se compara lo de Tzeteltón con cientos de casos de persecución/intolerancia padecidos por indígenas evangélicos de los Altos de Chiapas en el periodo 1960-2000, podría concluirse que la forma de solucionar los problemas ha cambiado. Es cierto que mientras antes las autoridades municipales de San Juan Chamula encabezaban y/o estimulaban las persecuciones contra los protestantes, con heridos y muertos de por medio, ahora tratan de mediar entre las partes e incluso recomiendan que se respeten íntegramente los derechos de los hostigados por cambiar de creencias. Pero todavía falta que los gobiernos municipal y estatal hagan valer el conjunto de leyes que impiden sea pactada una renuncia a derechos garantizados por la Constitución mexicana y los compromisos legales internacionales adoptados por nuestro país.

Hay que ir más allá de exhortar a quienes continúan vulnerando derechos e imponen penas aparentemente menores –en el caso de Tzeteltón nada más obligar a que los infantes evangélicos se cambien a una escuela de otro ejido– y destituir o sancionar a los que se obstinan en regatear garantías que todo ciudadano(a) tiene por el mero hecho de ser mexicano(a).

La diversificación avanza en la nación mexicana; sus ritmos son distintos en cada espacio geográfico, social, cultural y político. Avanza también en los espacios más tradicionales y que muchos quisieran inmutables. En el terreno religioso, San Juan Chamula ha tenido transformaciones resultado de la propia voluntad de sus habitantes. El ciclo de expulsiones masivas de disidentes que resultó en la conformación de infinidad de nuevas colonias de indígenas evangélicos que circundan San Cristóbal de Las Casas ya no tiene la intensidad de antaño. Hoy en la misma cabecera municipal de San Juan Chamula hay grupos protestantes que organizan sus actividades sin ser molestados por las fuerzas caciquiles que en las décadas pasadas desarraigaron, a golpes y sangre, a miles de chamulas evangélicos. Pero todavía subsisten botones de muestra de intolerancia como el acontecido en Tzeteltón.