En este mes estamos cumpliendo nueve años desde que el 24 de abril de 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal despenalizó los abortos de bebés de tres meses de gestación o menos; y un año desde aquel 23 de abril de 2015, cuando los diputados de Tlaxcala acordaron medidas asombrosas contra la vida humana, como afirmar que los niños con alguna discapacidad no debieran nacer, y facultar a los médicos a sugerir el aborto como medida viable contra un embarazo no deseado, dejando de esto constancia en el Art. 243 del Código Penal del Estado.

Por otro lado, en vista de que las diferentes Secretarías de la nación establecen y modifican su propia Norma Oficial Mexicana, la Secretaría de Salud, auxiliada por varias instituciones y organizaciones hace lo propio, tiene su Norma Oficial Mexicana (NOM), y es obligatoria para todos los hospitales de los sectores público, social y privado, cualquiera que sea su denominación, que realicen internamiento de enfermos para la ejecución de los procesos de diagnóstico, tratamiento médico o quirúrgico, o rehabilitación y para los consultorios que presten atención médica especializada. Pues bien, esta NOM fue recientemente reformada para facilitar la atención a las mujeres que decidan abortar. El aborto será practicado sólo llevando una hoja donde la interesada manifieste, bajo protesta de decir verdad, y sin necesidad de corroboración, haber sido víctima de una violación. Las menores de edad entre los 12 y 18 años, podrán solicitarlo sin necesidad del consentimiento de sus padres o tutores, sin que el personal de salud quede obligado a verificar si hubo violación o no, y sin condicionar el aborto a la presentación de una denuncia formal contra el violador.

En la Ciudad de México, desde aquel 2007 hasta 2016 se han practicado 155,468 abortos, no sólo entre quienes habitan allí, sino también entre mujeres procedentes de otros Estados. La cifra se distribuye así: 111,957 de la ciudad, 38,179 del Estado de México, 898 de Puebla, 716 de Hidalgo, 524 de Morelos, 370 de Jalisco, 361 de Querétaro, 331 de Michoacán, 308 de Veracruz, y 286 de Guanajuato (ver http://www.gire.org.mx/aborto/cifras).

Lo anterior nos pone dentro de la discusión complicada acerca de la ética que debería regir la aprobación o rechazo al aborto voluntario. Desde luego que los abortos involuntarios y los que siguen a la prescripción médica por riesgo de peligro contra la vida de la madre, quedan fuera de toda discusión. Y parece que tampoco hay problema con reprobar la interrupción voluntaria del embarazo una vez que el bebé lleva varios meses (más de tres) en gestación. La complicación principal aparece cuando tenemos la situación de una mujer embarazada por una violación. Es un drama doloroso donde un ser humano siente repudio por razones naturales hacia la vida gestándose en su matriz, pues tiene una connotación sicológica de un ataque violento. Y el drama se extiende cuando la familia es parte de ese dolor. ¿Es preferible salvar del sufrimiento a la madre, víctima consciente de un salvajismo, o salvar la vida del ser vivo en su vientre, víctima inconsciente?

Los cristianos hemos recibido una cosmovisión como parte del paquete de realidades que constituyen la dinámica de la vida en Cristo. Dentro de esa cosmovisión está la certeza de que Dios es el único Creador que produce la vida, especialmente la humana, sin importar los medios que instrumenten la aparición de la chispa de la vida. No estamos aportando aquí citas bíblicas que sustenten la verdad de que la vida se gesta por el poder de Dios, ya que hay muchísimos versículos que lo dicen. No se trata de ofrecer un estudio bíblico por ahora, sino solamente construir una reflexión.

¿Qué es un aborto? Si se le da fin a una vida humana, a un ser vivo que no puede ser menos ni algo distinto a un ser humano, un aborto sería un homicidio. Es sorprendente que las diferentes comisiones de los derechos humanos pugnen por los abortos voluntarios en determinadas circunstancias especiales, sin importar que esto signifique la negación del principal derecho humano que es el derecho a vivir. La ética que entra en juego en este tema tiene que ser definida en un extremo o en el otro, porque los tonos grises o medios hacen que se caiga en contradicciones. O se niega la participación divina en el fenómeno de la vida, atribuyéndolo al orden natural o biológico, y por ende los seres humanos tenemos la libertad para decidir lo que más convenga sobre ella, o se afirma que Dios crea la vida, que es dueño de ella y que solamente él tiene el derecho a terminarla. Quedarse en el “justo medio” sería decir que Dios crea la vida pero que nosotros podemos disponer de ella sin que resulte en un desacato hacia él, aun tratándose de un acto violento contra una vida inocente y en total indefensión. La iglesia cristiana necesita ser consistente con sus creencias.

La situación tan indeseable como condenable de una mujer embarazada por una degradante violación, y el destino del bebé que está en su vientre con vida propia, como un ente en sí mismo y no como una extensión o un ápice de la mamá, reclaman la protección de nuestras instituciones gubernamentales y sociales, de una pastoral comprometida de una iglesia que asegure un acompañamiento, y no de un descargo de todos para preferir una solución por la vía rápida mediante un aborto. Es preferible usar la fe en Dios y la imaginación para buscar soluciones alternativas conducentes a respetar y dignificar la vida del bebé, la rehabilitación de su madre y la sanidad de la familia, convirtiéndonos todos en promotores de la vida, antes que volvernos aliados de la cultura de la muerte. Nuestro gobierno necesita sensibilizarse para analizar y prevenir el fenómeno de la violación intra o extra familiar y perseguir a los delincuentes violadores. Y, por supuesto, si una persona optó por un aborto como salida al error de ella o de otros, la iglesia debe abrirle los brazos en un espíritu vital de restauración, evitando los legalismos puritanos y condenatorios.

Pbro. Bernabé Rendón M.

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