Ortega y Murillo dan el mayor golpe a las Oenegés en Nicaragua: cancelan 1.500 de una vez
La masiva disolución ocurre después que la pareja presidencial impusiera “un nuevo modelo” para estas organizaciones, que las obliga a operar en “alianzas de asociación” con entidades estatales
WILFREDO MIRANDA ABURTO
San José – AUG 20, 2024 – 00:00 EDT
Después de eliminar 3.663 organizaciones no gubernamentales desde 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio una estocada masiva e inédita a este sector: de un solo tajo disolvieron 1.500 oenegés este lunes, según una disposición del Ministerio del Interior (Mint), publicada en el diario oficial La Gaceta. El oficialismo las acusa de “no reportar sus estados financieros por periodos de entre uno y 35 años”, un argumento recurrente en esta política estatal de suprimir toda entidad que esté fuera del control de la pareja presidencial.
Con este zarpazo, en Nicaragua han sido eliminadas 5.163 oenegés, una decisión representa un duro golpe para los sectores más vulnerables. De las más de 3.500 organizaciones no gubernamentales cerradas hasta este 19 de agosto, 23% corresponden a instituciones que trabajan temas educativos, 13% salud, 13,5% gobernabilidad, 11,18% derechos humanos, y 11% desarrollo, entre otros rubros.
De las nuevas 1.500 oenegés decapitadas, la mayoría son evangélicas y católicas, algo que no es casual. El Gobierno mantiene una persecución religiosa en el país, en especial contra el catolicismo. Si bien los líderes de las iglesias evangélicas han sido cercanos al Gobierno, en los últimos meses han sido avasallados por un modelo totalitario, a través de la disolución de sus oenegés. De entre las nuevas organizaciones cerradas hay algunas que trabajan temas sociales, empresariales, educativas, médicas, indígenas, deportivas, de excombatientes y de abogados.
El acuerdo ministerial 38-2024-OSFL establece que “el destino de los bienes muebles e inmuebles” de las oenegés “serán traspasados al Estado de Nicaragua”. Una labor que le corresponde a la Procuraduría General de la República, por lo que se trata de una confiscación de facto prohibida por la Constitución Política de este país centroamericano.
Un informe del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) sobre las confiscaciones en Nicaragua ofreció en mayo pasado una aproximación muy inicial a las afectaciones de las oenegés: calcularon que el valor de 41 propiedades confiscadas a oenegés era aproximadamente de casi 8,5 millones de dólares. Estas confiscaciones se realizaron violando la Ley 147, Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, que establece que las oenegés establecerán el destino de sus bienes liquidados en caso de cierre de acuerdo con sus actos constitutivos o estatutos. “Sin embargo, es algo que no se ha cumplido por el Gobierno en todos los casos”, denunció el OPTA.
El “fin de la sociedad civil”
La ministra del Mint, María Amelia Coronel Kinloch, firmó el acuerdo ministerial el 16 de agosto, el día que la pareja presidencial anunció “un nuevo modelo de operatividad de las ONG” que obliga a estas organizaciones a trabajar únicamente en “alianzas de asociación con entidades estatales”.
“El nuevo modelo de operatividad obliga a las oenegés a presentar a entidades estatales propuestas específicas para programas y proyectos de alianzas, alrededor de temáticas particulares”, establece un comunicado difundido por el régimen el viernes pasado. “El Gobierno y las entidades del Estado podrán, o no, aceptar las propuestas, y ningún programa o proyecto será objeto o sujeto de exoneraciones u otros beneficios fiscales”, se lee.
Según analistas políticos consultados por EL PAÍS, este “nuevo modelo” les arrebata la autonomía de sus proyectos a las ONG, a la vez que impone un control total de los recursos que reciben. “Es el fin de la sociedad civil en Nicaragua”, dijo Félix Maradiaga, excarcelado político desterrado por la pareja presidencial.
“Es un ataque directo y descarado contra la esencia misma de la sociedad civil. Bajo el pretexto de reorganizar el sector, el régimen pretende construir una arquitectura jurídica que anule cualquier forma de participación ciudadana independiente, sometiendo a las organizaciones no gubernamentales a un control totalitario. Esto no es más que la culminación de un proceso represivo que ha llevado al cierre de más de 3.600 oenegés en el país”, plantea Maradiaga.
El ex precandidato presidencial sostiene que “en la mente paranoica de Ortega y Murillo”, cualquier organización que mantenga un mínimo de independencia es vista como una amenaza. Asegura que la intención del régimen es clara: “Sólo permitirán la existencia de organizaciones que permanezcan completamente sumisas, dispuestas a actuar como meros intermediarios de la cooperación internacional, sin atreverse a cuestionar las políticas autoritarias, ni denunciar las violaciones de derechos humanos. Esta nueva forma es, en realidad, una sentencia de muerte para la sociedad civil en su sentido más sagrado: el de una ciudadanía libre, participativa y crítica”, añade.
El opositor desnacionalizado lamenta que muchas agencias de cooperación internacional, especialmente aquellas que trabajan con los sectores más vulnerables de la población, podrían verse obligadas a aceptar las reglas del régimen de Ortega y Murillo para poder continuar brindando la ayuda urgente que tanto se necesita en Nicaragua.
“Sin embargo, al hacerlo, estas agencias estarían validando un esquema que no sólo silencia a la sociedad civil, sino que también refuerza el control absoluto de Ortega y Murillo sobre el país”, asegura. “No se puede permitir que, en aras de la urgencia humanitaria, se sacrifique la independencia y la libertad de la sociedad civil. La verdadera justicia y el desarrollo sostenible sólo se alcanzarán en un entorno donde las voces críticas puedan ser escuchadas y donde la sociedad civil pueda operar sin temor a la represión”.
FUENTE:
Evangélicos denuncian la situación de acoso que sufren en Oaxaca
Entidades evangélicas, pastores e iglesias se movilizan para pedir respeto a la libertad de culto, tras meses de hostigamiento por su fe.
Redacción PD
Evangélico Digital · ESPAÑA · 27 DE AGOSTO DE 2024 · 17:37
Los conflictos de intolerancia religiosa se agravan de manera alarmante en Oaxaca, uno de los estados del sur de México. Esta semana distintas entidades e iglesias, así como pastores a nivel particular, han denunciado públicamente la situación de acoso personal, destrucción de bienes, robo de tierras y ganado e incluso la desaparición de personas que están sufriendo por parte de grupos católicos tradicionalistas.
Hace diez meses que se agravó el conflicto religioso en Cerro Cajón, San Isidro El Arenal, perteneciente al municipio de San Juan Lalana, al punto de que se agravaron los ataques de católicos contra evangélicos. Ello ha llevado a que un grupo de evangélicos desplazados acudieran a la vicefiscalía regional de justicia en la Cuenca del Papaloapan, para denunciar la desaparición de tres mujeres, el robo de ganado, destrucción de sus hogares y templo, así como el desplazamiento forzado.
“Quemaron el templo, les quitaron las tierras, les robaron su ganado y destruyeron los hogares de 13 cristianos, que fueron desplazados por 150 familias, un promedio de 700 personas que habitan en esa comunidad”, sentenció el pastor Hernández García.
Dos pastores (Moisés Sarmiento Osuna y Pablo Gómez Sosa) al acudir en apoyo de sus hermanos cristianos fueron desnudados, encarcelados, amenazados de muerte y expulsados: “Nos desnudaron, no nos entregaron nuestros celulares, nos amenazaron con quemarnos vivos, pero no nos asustamos porque si moríamos o vivíamos somos de Cristo”.
Esta situación ha colocado nuevamente a Oaxaca, a nivel nacional e internacional, en un estado sin ley, donde las autoridades regidas por los Sistemas Normativos Internos (Usos y Costumbres) se sobreponen a las libertades garantizadas en la Constitución.
Sin respuesta de las autoridades
La Confraternidad de Pastores de Oaxaca denunció este pasado jueves la mala atención de parte de los servidores públicos de la Secretaria de Gobierno del Estado (SEGO) que manttiene a familias evangélicas siendo violentadas y amenazadas por la intolerancia religiosa
Yeraldo Hernández García, pastor regional de la iglesia cristiana interdenominacional, en la región Chinanteca expuso “hay una persecución desde el mes de noviembre del año pasado, de las autoridades de San Isidro el Arenal, a nuestros hermanos que están en Cerro Cajón, que es un anexo a esa agencia, perteneciente al municipio de San Juan Lalana.
“Han estado detrás de ellos, por el simple hecho de ser cristianos, pero ya se violaron muchísimos derechos de los hermanos, les han quitado sus casas, quemado el templo, el ganado, las tierras y hoy les destruyeron sus hogares”.
Agregó “en este momento hay tres mujeres que están desaparecidas, sus familiares vinieron a Tuxtepec, Oaxaca para seguir sus diligencias, pero ellas se quedaron solas y el pueblo aprovechó para destruir sus hogares, y ahora no sabemos qué es lo que sucede, porque el pueblo está sitiado, no hay acceso y nadie ha hecho hasta ahorita nada”.
El pastor evangélico precisó que, tras veinte años de misión en ese lugar del norte de Oaxaca, “apenas desde noviembre a la fecha, el pueblo empezó a perseguir y atacar a los hermanos, pese a que la comunidad cristiana aporta a las cuotas del santo patrono católico de Cerro Cajón”.
Pese a que la constitución mexicana establece la libertad de creencia religiosa, en esta comunidad indígena Chinanteca está prohibido profesar otra religión que no sea católica “pero en las comunidades indígenas, ellos se justifican en los usos y costumbres, pero en realidad son abusos y costumbres”, sostuvo Yeraldo Hernández.
Asimismo, Lorenzo Antonio Hernández, cristiano evangélico desplazado de Cerro Cajón, San Isidro el Arenal, San Juan Lalana, Oaxaca, manifestó “yo adoro el nombre del Señor Jesucristo, por ese motivo me expulsaron el día 21 de noviembre, cuando me metieron a la cárcel y quedaron en acuerdo de sacarme de mi rancho, y todo el sufrimiento y persecución que tengo ahorita por causa del Evangelio”.
Manifestación ante el Palacio Nacional
Miembros de la Iglesia Cristina Interdenominacional (ICIAR) se manifestaron frente a Palacio Nacional para exigir el respeto a la libertad de culto, ante los actos de violencia que sufrieron integrantes de su agrupación en la población de San Isidro El Arenal en San Juan Lalana, Oaxaca en días recientes. “Libertad, Libertad”, es la consigna más escuchada.
Algunos manifestantes no pueden contener el llanto mientras piden por el bienestar de sus “hermanos”. Oraciones y cánticos predominan ante los discursos. Muchos de ellos sostienen pancartas en las que se puede leer “No a las comunidades que queman templos”, “¡Basta! De persecución contra los Cristianos de Cerro de Cajón Comunidad San Isidro El Arenal”; “No a la intolerancia religiosa”; “Esperamos pronta respuesta de nuestro gobierno”.
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El Evangelista Mexicano 