El Derecho a la Información

El derecho a la información

Por: ABALRA

Los trabajos de la Conferencia Anual [de México, 2018] concluyeron. Y con profunda tristeza y dolor, nos damos cuenta que el Obispo que estaba por salir se encontraba en el ojo del huracán, debido a que era el Presidente de la Junta de Directores de una institución ajena a nuestra iglesia y esta se encontraba sumida en dimes y diretes, de los cuales ha dado debida cuenta la prensa nacional, con asuntos de índole penal y laboral, debidamente ventilados en los correspondientes tribunales.

Uno de los graves problemas de la Iglesia Metodista de México, es que carecemos de una Dirección de Comunicación Social, y generalmente nos enteramos del acontecer de nuestra iglesia, por medio de “Radio Pasillo”, o de los rumores y díceres, de quienes presumen estar bien informados y nos llevan a una total desinformación. No entiendo cuál es el prurito para el ocultamiento de información que debe estar en poder de todas las iglesias y surge la pregunta ¿Tenemos derecho a estar informados? Por supuesto que sí. En muchas ocasiones, se calumnia a los pastores por la desinformación existente, pues no existe la versión oficial, sino la versión distorsionada, de quienes se escudan en el “a mí me dijeron”.

O de pronto resulta que al funcionario x o z, lo han desbancado, y nadie supo, nadie sabe; pues pareciera ser, que somos muy dados a tirar la piedra y esconder la mano y que nadie se entere de lo hecho. El estar bien informado es un derecho inalienable de todo ser humano. Me permito ofrecerle al compañero pastor, la siguiente información, que habrá de servirle como cultura general. En donde radica la trascendencia de eventos: en que tenemos el derecho a estar informados, acerca del estado general que guarda nuestra iglesia, en donde hemos avanzado y en donde hemos retrocedido.

De qué manera estamos empleando nuestras fortalezas y de qué forma tratamos de superar nuestras debilidades. Nuestras Iglesias también tienen el derecho a estar bien informadas. Hay quienes se quejan de que el pastor nunca les da información de lo que sucede a nivel distrital y Conferencial. Habremos de recibir informes pero, sobre todo, habremos de postrarnos delante de Dios delegados laicos y ministeriales, con un pleno reconocimiento de nuestras omisiones en el trabajo.

Los pastores, por supuesto tenemos el derecho a desempeñar nuestro trabajo, con todo profesionalismo, honestidad, y espíritu cristiano, y a tener la justa retribución. Los padres tienen derecho a recibir información del proceso académico de sus hijos. Los hijos tienen derecho a estar informados acerca de sus deberes y derechos en el hogar. Las esposas tienen derecho a estar informadas acerca de las actividades de sus esposos. En fin, me parece que el derecho a la información, es el eje medular que regula nuestra convivencia en sociedad. Quiera Dios bendecirnos, y que este 2020, sea pleno de abundantes bendiciones para nuestra amada iglesia, para nuestras iglesias y para nuestras familias.

El derecho a la información, derecho inalienable
Con información de la Universidad Latina de América

El ser humano, desde que nace, tiene el derecho inalienable a saber de lo que acontece en su entorno, a fin de estar informado respecto de ello. El derecho a la información tiene un sustento bíblico. En Mateo 10.11, ya Jesucristo se los recomendaba a sus discípulos al señalar: “Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quien en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis.” ¿Qué es el derecho a la información? El derecho se refiere, a la facultad natural de hacer todo aquello que sea nuestra voluntad, a no ser que la ley lo prohíba; y es la facultad de exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor. La información, es la acción de averiguar todo lo que requerimos acerca de una cosa o de un hecho, o de la calidad y circunstancias acerca de un sujeto.
El derecho a la información como tal, está consagrado en el artículo 6º. Constitucional reformado en diciembre de 1977 que establece que el derecho a la información está garantizado por el Estado, reconociéndose, no obstante, por el propio Ejecutivo Federal de la época, que para que esta estuviera suficientemente garantizada, se hacía necesario trabajar en aras de su regulación legal y reglamentaria.

Debemos dejar por sentado, que el derecho de acceso a la información pública, se fundamenta en la prerrogativa que tiene el ser humano, de conocer la información necesaria para lograr tanto su desarrollo autónomo, en su vida privada; como para la toma de decisiones en el ámbito de su convivencia social y pública; esto es para el ejercicio de sus derechos políticos, y para poder controlar la administración de los fondos del Estado.
Es de destacarse que, en el año de 2007, por adición al artículo 6º Constitucional, y publicada el 20 de julio de 2007, en el Diario Oficial de la federación, se eleva a rango constitucional este derecho, que constitucionaliza los principios que inspiran la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
El garantizar conforme a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de acceso a la información, consiste en conocer la información que permita el mejor desarrollo del ciudadano, así como la toma de mejores decisiones en el ejercicio de sus derechos políticos, y el control de los recursos económicos del Estado. Esta reforma permite al ciudadano exigir, que se le brinde la información lo más veraz posible a fin de normar su criterio que justifique su actuar en beneficio de la población.

Durante el sexenio del presidente Vicente Fox, se propone regular el derecho a la información, pero solo en su vertiente de acceso a información pública gubernamental, bajos los siguientes principios básicos.
La información en posesión del Estado debe ser pública.
La información reservada constituye una excepción, conforme a reglas claras establecidas en la ley.

La protección a los datos personales.
La Interpretación de la ley en forma que favorezca la transparencia y
la entrega de información no estará condicionada a que se motive o se justifique su uso, ni se requiere demostrar interés alguno.

Teniendo como base dichos principios se promulga el 11 de junio de 2002, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que fija determinadas obligaciones para los diversos órganos del Estado.

Preguntas y respuestas básicas acerca del Derecho de acceso a la información pública

  1. ¿Qué es el Derecho de acceso a la información?
    Es el instrumento jurídico que permite materializar el derecho humano de todos los ciudadanos a recibir y solicitar información pública. Constituye una de las vertientes fundamentales del Derecho a la información, que se desglosa en los derechos de: atraerse información, informar y ser informado. La información que se reciba de parte de quienes ejercen una función pública, deberá ser completa, veraz y oportuna.
  2. ¿Cuál es el principio fundamental del derecho de acceso a la información pública?
    Toda la información en manos del Estado o generado por éste, será pública, con excepción de aquella que por disposición expresa de la ley se considere como reservada por razones de seguridad nacional, política exterior, secretos científicos y tecnológicos, etc; así como la información que atañe al honor y vida privada de las personas.
  3. ¿Cómo se garantiza el Derecho de acceso a la información?
    El Derecho de acceso a la información se garantiza por medio de una Ley reglamentaria que establezca obligaciones y responsabilidades precisas para quienes ejercen funciones públicas o realicen actividades y programas financiados con cargo a los presupuestos públicos, para poner a la disposición del público la información que la ley le señale y atender con diligencia las solicitudes de información que presenten los ciudadanos. Además, la ley debe reconocer el derecho de los ciudadanos a recurrir ante los tribunales federales en caso de que se transgreda su derecho de acceso a la información pública.
  4. ¿Cuáles son las características básicas que debe tener una Ley de acceso a la información pública?
    Reglamentar el principio de máxima publicidad del Estado
    Definir de forma clara y acotada las mínimas excepciones en materia de información clasificada como reservada
    Formular un procedimiento un proceso sencillo, ágil y de bajo costo para solicitar y recibir información pública.
    Establecer obligaciones precisas de las entidades públicas para difundir y publicar información esencial para la toma de decisiones de los ciudadanos y facilitar la rendición de cuentas
    Reglamentar el derecho de los ciudadanos a recurrir a los tribunales para hacer exigible el derecho de acceso a la información pública en los términos de la ley
    Promover la socialización del conocimiento y la educación cívica de los ciudadanos y los servidores públicos en materia de derecho de acceso a la información pública.
  5. ¿Para qué sirve una Ley de acceso a la información?
    Para fomentar el principio de seguridad jurídica y de legitimidad democrática del Estado de derecho en desarrollo. Con la vigencia de una ley, las autoridades y los ciudadanos sabrían cuáles son sus derechos y obligaciones en la materia y las expresiones de discrecionalidad y complicidad tenderían a reducirse, al hacerse del conocimiento público que información está limitada o reservada y cuál está a disposición de quien la solicite.
    Para ejercer un escrutinio activo de los gobernados acerca del desempeño de los servidores públicos y de las empresas privadas que operan bajo concesión pública o realizan actividades con cargo a los presupuestos públicos.
    Para facilitar que los ciudadanos dispongan de la información necesaria para tomar decisiones en relación a su esfera privada o respecto de los asuntos que se gestionan en la esfera pública.
    Para reducir la discrecionalidad, la impunidad y la complicidad en el ejercicio de la función pública
  6. ¿Por qué una ley general de acceso a la información?
    Porque una ley general rige para todas las entidades públicas del país y de todos los niveles. Y sin excepción, permitiría a los ciudadanos satisfacer su derecho a saber acerca del ejercicio de la función público. NO habría por tanto, entidades públicas blindadas o ámbitos del poder público excluidos de la obligación de informar. Una ley general permitiría homologar los procedimientos para solicitar y recibir información. Y en caso de respuesta negativa de una autoridad o servidor público de cualquier tipo, los jueces federales podrían conocer de las demandas por incumplimiento de la ley, ya sea que se trata de la petición de un ciudadano ante el poder ejecutivo federal o ante cualquier ayuntamiento. La democracia y la legalidad requieren de vasos comunicantes y de coherencia jurídica que sólo una ley general puede ofrecer, para consolidarse.
  7. ¿Quién puede utilizar esta Ley?
    Todos los ciudadanos sin excepción. Todos tienen el derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano del Estado, sin que sea necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o las razones que motivan el requerimiento.
  8. ¿Por qué deben establecerse excepciones relativas a los poderes Legislativo y Judicial?
    La información de carácter administrativo del Poder Judicial estará disponible con excepción de la que esté relacionada con los juicios que se desahogan en las diferentes instancias jurisdiccionales. La Constitución establece el secreto de los juicios y la reserva de los expedientes.
    La información del Poder Legislativo de carácter administrativo estará disponible, salvo aquella que se genere en las sesiones que de acuerdo con las leyes orgánicas correspondientes se consideren como secretas.
  9. ¿Cómo se usa la Ley de Acceso a la Información?
    La Ley prevé dos modalidades para ejercer el derecho de acceso: solicitar y recibir información; que en la práctica se traducen en:
    a) Solicitar: cualquier persona interesada en tener información de alguna entidad pública debe:
    Hacerlo por escrito especificando:
    Datos generales de la persona que solicita información
    Identificación clara y precisa de los datos e información que requiere
    Lugar y medio para recibir notificaciones
    Identificar la entidad en la que pueda encontrarse archivada la información
    Acudir y entregar la solicitud en la oficina que corresponda y solicitar acuse de recibo
    Esperar la respuesta oficial acerca de la solicitud en un plazo máximo de 10 hábiles
    En caso de recibir una respuesta negativa, ésta deberá contener las razones técnicas y legales que la fundamentan, así como el nombre y cargo de la autoridad que la realice.
    En cualquier caso se puede acudir al Instituto Nacional de Acceso a la Información para solicitar asesoría.
    Los ciudadanos podrán inconformarse ante la autoridad que corresponda en los términos de ésta ley o acudir a los órganos jurisdiccionales.
    b) Recibir: la establece las obligaciones de las entidades públicas para difundir y publicitar información pública, adoptando las modalidades que sea necesario para presentar la información de manera oportuna y sencilla. Por ello la ley obliga a las entidades públicas a:
    Instalar módulos de información dentro de todas las oficinas de las públicas que incluya consulta en Internet.
    Publicar y distribuir manuales y catálogos que orienten al ciudadano para que presente adecuadamente sus solicitudes de información.
    Elaborar y publicar un informe anual que recoja los datos básicos acerca de las solicitudes y respuestas a las mismas, por parte de las entidades públicas.
  10. ¿Para qué se crea un Instituto Nacional de Acceso a Ia Información?
    El ejercicio del derecho de acceso necesita además de una ley, de políticas públicas que promuevan la educación cívica y la socialización del conocimiento en la materia entre los ciudadanos, pero especialmente entre los servidores públicos. Para ello, el INAI será responsable de:
    Promover el derecho de acceso a la información, brindando asesoría a todos aquellos ciudadanos interesados en solicitar información pública.
    Ofrecer capacitación a las oficinas de cada entidad encargada de recibir y ejecutar las solicitudes de información, así como fomentar la cultura de apertura de la información pública
    Realizar y difundir estudios e investigaciones que mejoren la calidad del servicio y la garantía de acceso a la información pública
    d) Evaluar y publicitar los resultados de los informes de gestión en materia de acceso a la información pública
  11. ¿Qué ventajas tiene la Ley de Acceso a la Información para los medios de comunicación?
    La Ley de Acceso a la Información resulta una herramienta sumamente útil para los medios de comunicación. La actividad periodística se enriquece con el periodismo de investigación cuya insumo básico radica en la información pública. Con la existencia de la ley, los periodistas en su condición de ciudadanos pueden ejercer su derecho de acceso a la información pública y en caso de negativa recurrir a los tribunales. Además, con la obligación de hacer pública la información, los márgenes de secrecía, discrecionalidad y complicidad en el ejercicio de la función pública tienden a disminuir y el papel de los medios y los periodistas para darle seguimiento a la ley será tan importante como la participación de los jueces para resolver conflictos derivados de su aplicación.
    Cuanto más utilicen la Ley de Acceso a la Información los periodistas, más confianza y credibilidad adquiere su trabajo ante sus lectores, que habitualmente delegan en los medios su derecho a estar informados. Los medios se encuentran en mejor disposición de sacar provecho de la Ley de Acceso a la Información, en tanto satisface la necesidad de informar asuntos de interés público con más calidad y profundidad.
  12. ¿Por qué debe de haber excepciones o información clasificada como reservada?
    En todos los sistemas democráticos existe información que, por interés público debe estar reservada. La información reservada beneficia al proceso de toma de decisiones y a su implementación. No siempre la diversidad de ideas en la deliberación lleva a una solución práctica, adecuada y fácil de aplicar. Es pertinente también clasificar la información como reservada por razones de seguridad nacional, defensa o política exterior, siempre y cuando se clasifique a la luz de su contribución a la democracia. El concepto seguridad nacional, controvertido ya por muchos motivos, es un límite que se aprecia en su justa dimensión en el ejercicio cotidiano y en la concurrencia de las diferentes esferas de la sociedad que se manifiestan especialmente en los medios de comunicación. Otras excepciones son aceptables cuando se trata de proteger la estabilidad de los mercados económicos, que funcionan ayudados por la generación de expectativas y confianza de los inversionistas; así también, esta razón es aplicable a la información concerniente a la política exterior del país. La clasificación de la información como reservada es evidente en casos de secretos científicos y programas relativos a la seguridad de materiales nucleares o radioactivos, cuando su uso inadecuado puede causar perjuicios a la población en materia de salud o seguridad social. Y por último, la información que contenga datos personales que violen el derecho al honor y la vida privada de los ciudadanos.
  13. ¿Quién tiene facultad de clasificar la información como reservada?
    En la asignación de las facultades para clasificar la información reservada se encuentra el punto medular de este tipo de información, ya que es aquí donde se establecen los propios controles entre las fuerzas de poder. En la Ley de Acceso a la Información se establece que podrán declarar como clasificada información mediante una resolución fundada y motivada: el titular del Poder Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, los gobernadores de los Estados y las legislaturas locales, en el ámbito de su competencia.
  14. ¿Qué es autodeterminación informativa?
    Dentro de esta Ley de Acceso a la Información se reconoce el derecho de autodeterminación, que es el derecho que tiene cada uno de los ciudadanos a investigar, obtener y modificar los datos que de su persona contengan las entidades u organismos públicos.
  15. ¿Por qué una ley de acceso a la información pública debe proteger el derecho a la intimidad de los ciudadanos?
    Porque se trata de un derecho preexistente; el derecho de acceso se suma al listado de prerrogativas fundamentales de los ciudadanos y por lo tanto no entra en colisión con ningún otro derecho. El límite a lo que podemos conocer se constituye por el honor y esfera de derechos fundamentales de los demás.

Así que, mis amados hermanos, obispos, funcionarios nacionales, superintendentes, y demás pueblo en general, “pongámonos las pilas” y dejemos la rumorología a un lado y seamos capaces de dar la información correcta y oportuna de nuestro acontecer eclesial.

Con mi afecto y respeto,
Pastor Alaniz.